Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cuccovillo.- Señora presidenta: desde el bloque del partido Socialista venimos a adherirnos a este proyecto consensuado referido a las salideras bancarias.
Cada vez es más notorio ver el tratamiento de las problemáticas sociales de modo fragmentario y simplificado, y hablando en este momento de seguridad podemos observarlo prestando atención al tipo de demandas y respuestas que cotidianamente estamos acostumbrados a oír y recibir, principalmente frente a los sucesos delictivos.
Considero que estamos hablando de un tema muy delicado que merece un real espacio de discusión en la agenda estatal, pero debe ser tratado con seriedad y sobre todo con responsabilidad.
Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis porque me preocupa que a veces consciente o inconscientemente cada uno de nosotros nos sumemos a las exigencias periodísticas de noticias determinadas convirtiendo un tema importante, como puede ser este, en la discusión general del tema de seguridad. Como bien decía la diputada Baldata, este es un buen disparador para abordar dicha cuestión, pero no es el proyecto de seguridad que debemos asumir todos los argentinos fundamentalmente como una agenda de Estado.
Como socialistas entendemos que en los espacios progresistas también debemos asumir la obligación de atrevernos a hablar, pensar y proponer respecto a los temas vinculados a la seguridad, aportando, conteniendo y dando respuestas a las demandas sociales.
Muchas veces uno tiene amigos, familiares, vecinos o gente que nos ve y nos detiene para decirnos que está esperanzada en que cada una de las cosas que hacemos abarque la problemática global que los afecta. Ayer en la calle, en Avellaneda, un periodista me dijo que íbamos a resolver el tema de la seguridad. No es así. Vamos a resolver el problema de las salideras bancarias o, mejor dicho, vamos a intentar resolver el problema de las salideras bancarias. No vamos a tratar el tema de la seguridad, como aparece en los grandes titulares. Muchas veces se alientan esas expectativas que después no son satisfechas al conjunto de la población.
Como decía el ministro Pedro Peñaloza, de la Procuraduría General de la República de México, los tiempos que vivimos están marcados por lo urgente. Lo inmediato atropella y subestima las propuestas que buscan encontrar soluciones duraderas y no sólo de impacto momentáneo. Se olvida que América Latina es la zona más desigual del planeta, y es acompañada por una violencia estructural inseparable.
Se busca combatir la delincuencia con un tratamiento absurdo. Los criminales representan un fenómeno exógeno a las contradicciones sociales. Los violadores de la ley son observados como seres provenientes de otras latitudes, quizás de otra galaxia. Sólo se atina a ver con horror y con terror a los delincuentes, como si la sociedad no fuera responsable de su comportamiento.
Por eso, como quienes infringen la ley vienen de un mundo desconocido, es necesario readaptarlos, es decir, encerrarlos en un establecimiento carcelario para que se reeduquen, salgan y se inserten en esa misma sociedad que los pervirtió y así hasta el cansancio.
Si el único medio que se está usando para combatir los delitos es llenar las cárceles, me parece que vamos por mal camino. No se exploran otros caminos. En esta lógica unívoca el único instrumento que se ha puesto a funcionar es el derecho penal. Ya lo hemos visto –como lo manifestaron el diputado Solá y otros cuando ocurrió esa avalancha de movilizaciones por el caso Blumberg.
Su uso y abuso únicamente han servido para generar inflación de penas y delitos, provocando dos efectos: criminalización masiva y sobrepoblación penitenciaria. Es decir, la pena, que debería ser el último recurso del Estado para enfrentar la conflictividad social, se ha convertido en la primera reacción oficial.
Es claro que los hombres son hoy incomparablemente iguales en el derecho que en el pasado. Sin embargo, son también de hecho incomparablemente más desiguales en concreto a causa de las condiciones de indigencia de las que son víctimas miles de millones de seres humanos a pesar de lo que dicen sus textos.
Nuestro tiempo de los derechos, como lo ha llamado Norberto Bobbio, es también el tiempo de su más amplia violación y de la más profunda e intolerable desigualdad.
Hassemer Winfried nos recuerda que el derecho penal no es el derecho del combate a la delincuencia sino el derecho de los límites del combate a la delincuencia.
El derecho penal no está diseñado para combatir los factores que originan los hechos delictivos. Como se sabe, el derecho actúa una vez que se cometió el delito. Por ello, por más que se pretendan utilizar las variadas prevenciones penales, éstas dejan intocado el contexto social, cultural y económico que rodea a un individuo para cometer un delito e influyen meramente en lo que se podría denominar la socialización del miedo mediante el aumento de penas o la eficacia en las detenciones.
Está hartamente demostrado que, cuanto más penas, no hay menos delitos en todo el mundo. Pero aceptemos que, no obstante la heroica y estoica batalla política y cultural de los garantistas o defensores del derecho penal mínimo, en donde se destacan Zaffaroni y Ferrajoli, el radio de acción del derecho penal no llega al complejo campo de los factores de riesgo, que son la catapulta impulsora de los delitos.
En realidad, para dejar atrás el paradigma dominante ya descripto, requerimos reconstruir el entramado institucional y realinear las funciones del Estado, y coloca a la prevención social del delito como una política de Estado de carácter multidisciplinario e interinstitucional.
Por ello, se requiere poner en marcha un nuevo paradigma que primero derrote culturalmente a la empolvada visión de que el delito sólo se combate con represión, anteponiendo una nueva ruta de navegación que tenga como eje vertebrador al delito como una categoría social y no exclusivamente jurídica.
Esta postura de favorecer la prevención social del delito no es nueva. Las estrategias de prevención del delito dependen, en gran medida, del proceso de las condiciones y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Tenemos que extraer de su prolongado letargo a los contenedores sociales educación, salud, empleo, deporte, cultura, etcétera creando un sistema unificado de todas las áreas no penales.
La prevención social del delito es una necesidad, y seguir caminando por la vía únicamente punitiva es andar en círculos, lo cual nos puede llevar a una vorágine incontrolable de violencia que incendie y polarice aun más a la sociedad.
Por otro lado, es una utopía para quienes ven a la seguridad pública sólo como un mero conflicto entre policías y ladrones y, por ello, un negocio jugoso y rentable. El desafío está a la vista: requerimos dejar de hablar exclusivamente de seguridad pública y empezar a hablar de las otras seguridades: social, educativa, cultural, ciudadana, etcétera, que son el cuerpo matriz de la criminalidad. Romper esta vieja lógica es el reto, el cual no debe ser visto como un simple deseo humanista de origen beccariano, sino que es necesario dar la batalla intelectual y política para edificar una nueva reingeniería institucional que dé paso a una política criminal completa, es decir, integral y multidisciplinaria, donde se combine el derecho inherente del Estado para ejercer la represión, en caso extremo, y al mismo tiempo, se cuente con el otro brazo del Estado, que deberá ser la prevención social del delito.
Por otro lado, como muy bien manifestaban los señores diputados Alejandro Rossi y Solá, cuando se habla de la problemática de la inseguridad, sobre todo en los medios de comunicación, se pone un énfasis especial en los delitos de mayor gravedad, dejándose de lado el tratamiento de los delitos llamados menores, que son los que se cometen en mayor número.
Casi el 60 por ciento de los delitos que se denuncian corresponden a lesiones leves, amenazas y delitos de violencia doméstica. Este porcentaje de delitos desborda generalmente las estadísticas de los juzgados y fiscalías. Para citar un caso, durante el año 2009 en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, se cometieron seis homicidios dolosos. De todos estos, solamente uno se cometió en ocasión de robo; los restantes provenían de conflictos sociales, peleas de vecinos, internas de bandas barriales. Detectados estos conflictos a tiempo y con una pronta y eficaz intervención del Estado en esos casos –con equipos interdisciplinarios , seguramente alguno de esos cinco hechos no se habría cometido.
También hay que hablar de los aspectos sociales de la criminalidad. En la década del 90 se hizo en Canadá un estudio bastante profundo para determinar los factores desencadenantes de la delincuencia. A partir de ahí, ellos comenzaron a operar la cuestión delictiva del gobierno de Canadá. Se llegó a la conclusión de que esos factores son: falta de acceso igualitario a la educación y al mercado laboral; condiciones de vida inadecuadas; presencia de altos índices de violencia, discriminación, intolerancia y desesperanza; zonas de extrema pobreza en la periferia de las grandes ciudades; consumo abusivo de drogas y alcohol; carencias en los primeros años de vida; dificultades en la educación; problemas en el funcionamiento de organismos policiales y cortes de Justicia; falta de una visión comunitaria coordinada sobre cómo abordar el problema delictivo.
Señora presidenta: me parece que es necesario abordar la problemática de la inseguridad a partir de una política de Estado en la que tenemos que estar involucrados todos, es decir, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero necesariamente tenemos que cambiar la cultura política de nuestro país.
La verdad es que quienes vivimos en el conurbano, tal como expresaban algunos diputados preopinantes, no podemos creer que los gobernantes de cada una de esas localidades no conozcan un desarmadero o no conozcan los lugares en donde se deposita el delito. Hace poco tiempo, a raíz de un programa periodístico se detectaron en Avellaneda grandes desarmaderos, que todos los vecinos conocían. Recuerdo que no hace mucho tiempo me robaron un auto y una vecina me dijo: “¡Ah, pero te lo dejaron a dos cuadras de un desarmadero!”
Lo cierto es que si no hay un cambio de la cultura política en nuestro país, es decir, si no dejamos de avalar, de permitir y de cerrar los ojos frente a una problemática de esta naturaleza, no va a existir solución por más leyes que sancionemos.
Hace aproximadamente dos años, acompañando una protesta sobre el tema de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, hemos estado con el gabinete en la provincia de Buenos Aires. Nos recibieron varios ministros y cada uno de ellos expuso cómo abordaba la problemática en su área. En un momento determinado no me pude contener y le dije: “A ver, ¿dónde está el libro que agrupa a todos?” Esto ocurrió hace escasamente dos años. “¿Dónde está el proyecto de seguridad de la provincia de Buenos Aires que agrupa a cada uno de los libritos de cada una de las áreas?” Porque si no, es falso que podamos abordar efectivamente el problema.
Hay otras cuestiones que hacen también al tratamiento de la seguridad, además de lo que estuvimos mencionando en el sentido de abordar la problemática social desde los campos educativos y las políticas sociales.
La política de seguridad implica darle valor a ese agente de seguridad que tiene que impartirla, porque la verdad es que cuando uno entra a una comisaría siente miedo y depresión al ver esa bombita de 60 bujías, las paredes despintadas, los muebles rotos, los pisos mojados, como lo he visto hace poquitos meses en la comisaría de Villa Elisa o en la Séptima de Villa Corina o la Cuarta de Sarandí, en lo que era mi barrio. ¿Cómo puede ese trabajador de la seguridad ir con la voluntad, la entereza y la fuerza necesarias a ejercer su trabajo en un ámbito de depresión que le garantiza el Estado? No puede ser que en veintitrés años la provincia de Buenos Aires, con una política continua de un mismo signo político, no haya encarado una revisión de un plan de obra para dignificar a ese trabajador. Podemos decir que se asocia con el delito e infinidad de cosas, muchas de las cuales pueden ser ciertas o no, pero cómo no vamos a darle una política de garantía laboral, cómo no vamos a garantizarle su protección, cómo el Estado no va a garantizar que no se le pedirá la libertad de tal o cual puntero que cometió un delito. Tengamos en cuenta que cuando alguien habla por teléfono con un fiscal, un juez o un comisario para que libere a un puntero que cometió un delito está cometiendo doble delito.
Por lo tanto entiendo que la problemática de seguridad nos concierne a todos y debemos tomarla como una política de Estado multidisciplinaria para que efectivamente haya seguridad y garantía para los habitantes de la Argentina.
Por lo expuesto el bloque del Partido Socialista expresa su apoyo al proyecto que estamos considerando.
